*Traición… ¿de quién?
*Firme… sobre el papel
*Burlarse cuesta un millón
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La vinculación a proceso del exfiscal general César Jáuregui, dictada por un juez federal por el delito de traición a la patria, despertó comentarios por todos lados, pues se asegura que no existe tal delito y que ni siquiera se puede comprobar que él autorizó la presencia de extranjeros.
En Chihuahua hay morenistas que hablan sobre una evidente acción política en contra de César Jáuregui; es decir, aceptan que se está cometiendo una injusticia tanto por parte de la FGE y de Maru Campos como por parte de la FGR y de Claudia Sheinbaum.
Bien lo dijo Juan Blanco: en el supuesto de que Jáuregui hubiera estado plenamente informado sobre el operativo en El Pinal, habría demostrado más amor a la patria combatiendo al narco y no solapándolo, como lo han hecho otros personajes dentro del Gobierno federal y otros gobernadores, como Rocha Moya y Marina del Pilar.
Y hay un detalle que merece atención: la FGR reportó cerca de 150 datos de prueba y, entre sus argumentos ante el juez, atribuyó a Jáuregui una “falta de patriotismo o de amor a la patria” por la presunta participación de extranjeros armados en el operativo.
El exfiscal, por su parte, negó haber autorizado esa intervención y sostuvo que ninguno de los 45 funcionarios entrevistados lo señaló directamente; esa es su versión de defensa.
La obligación de la Fiscalía es acreditar responsabilidades concretas, explicar quién dio las órdenes y sostener sus acusaciones frente a las objeciones de la defensa. También hace falta esclarecer quiénes operaban los laboratorios y qué redes permitieron su funcionamiento. Porque una investigación que pretende defender la soberanía debe llegar hasta quienes hicieron negocio envenenando al país. Envolver un expediente en la bandera jamás debe servir para dejar preguntas debajo de ella.
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Por su parte, César Jáuregui, seguramente muy arrepentido, logró enviar a sus simpatizantes un breve manuscrito desde su celda en la cárcel del Altiplano, en Almoloya de Juárez. En él se dice fuerte y firme.
Tal vez solo en la tinta, porque, a estas alturas del partido, él debe saber muy bien que todo esto se pudo evitar si hubiera aceptado que su oportunidad de ser alcalde se había esfumado junto con la vida de los agentes de la CIA.
Por medio de sus abogados, logró hacer público un papelito en el que escribió algunas palabras cursis sobre su fortaleza y aseguró que se mantendrá a la altura, aunque sabe muy bien que en este momento los esfuerzos de la 4T van encaminados a doblarlo y dejarlo como escarmiento para hacerles saber a los demás hasta dónde puede llegar una venganza política cuando el régimen se lo propone.
Quienes apoyan a César Jáuregui y están realizando marchas podrían estar empeorándole la situación al exfiscal general, aunque de eso podrán darse cuenta más tarde.
El problema es que las marchas, los mensajes de apoyo y hasta ese manuscrito que pretende proyectar fortaleza pueden terminar convirtiéndose en gasolina para un asunto que ya rebasó las fronteras de Chihuahua. Mienatras sus abogados preparan apelaciones para combatir los procesos estatal y federal, desde el Altiplano Jáuregui enfrenta una batalla en la que ya no pesan solamente los expedientes, sino también el enorme ruido político que se ha construido alrededor de su caso. Y ahí está la paradoja: mientras más intenten convertirlo en bandera, más difícil será separar al hombre del símbolo y al expediente judicial de la guerra política que todos aseguran que no existe, pero que cada día se parece más a una.
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Otra vez los grupos de narcocorridos vienen a Chihuahua a burlarse de las autoridades; esta vez fueron Los Tucanes de Tijuana y el grupo Marca Registrada quienes se presentaron en la Expogan 2026.
Desafiando los reglamentos municipales y anticipando la multa de un millón de pesos, estos músicos del narco no tuvieron empacho en interpretar canciones alusivas a la delincuencia organizada, como si Chihuahua necesitara incentivar más esa práctica ilegal.
Lo peor de todo es que se presentaron en la Expogan, un foro artístico que depende de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, que en el último año ha estado rogando a las autoridades y a la sociedad en general que apoyen las gestiones ante Estados Unidos para la exportación de ganado.
Por lo menos con eso deberían contribuir los ganaderos chihuahuenses: ofreciendo en su fiesta espectáculos de calidad que cumplan con las reglas locales y las respeten, sin que los artistas vengan a mofarse de las autoridades en la cara de todos.
Y aquí está lo verdaderamente grave: no pueden alegar sorpresa ni desconocimiento. Los Tucanes ya habían sido sancionados en Chihuahua por la misma conducta en la Expogan de 2023, y ahora tanto ellos como Marca Registrada llegaron con garantías de 762 mil 515 pesos cada una, dinero que el Municipio ya anunció que hará efectivo mientras resuelve las multas definitivas.
Incluso el vocalista de Marca Registrada se dio el lujo de advertir desde el escenario que había que hacer que “valiera la pena la multa”. Cuando violar el reglamento deja de ser un riesgo y se convierte simplemente en otro gasto presupuestado dentro del espectáculo, entonces la sanción deja de intimidar. Y quizá ahí está la pregunta que deberían hacerse tanto el Municipio como los organizadores de la Expogan: ¿de qué sirven las reglas si desde antes de subir al escenario ya saben cuánto cuesta burlarse de ellas?
En la Expogan ya podrían ahorrarse el trámite: junto al precio del boleto, que publiquen también cuánto cuesta brincarse el reglamento.