En medio de la miseria es como viven siete mujeres tepehuanas que desde hace tres años tuvieron que huir de su pueblo Plomosas, en Guadalupe y Calvo.
El crimen organizado las obligó a salir con sus niñas, niños y adolescentes, y desde hace tres semanas instalaron un campamento en un ejido ubicado en Aldama. Al llegar al sitio, ubicado a casi 40 minutos de la ciudad, es posible ver los árboles y la maleza que lo rodea.
No hay colchones, no hay cobijas y no hay luz. En total son cinco casas que armaron con palos y hule. Sólo una tiene un foco adaptado.
Al centro hay una estufa de leña que da abasto a las 33 personas que habitan ahí y al fondo, una especie de cocina armada en donde hay trastes de diversos colores, jabón y un aceite comestible.
En el recorrido realizado por El Diario fue posible ver llegar a las víctimas de desplazamiento forzado a su ‘campamento’. Salen desde las seis de la mañana y regresan hasta las cinco de la tarde después de trabajar como jornaleras.
Ninguna habla español y es por ello que “Leo”, un joven que domina la lengua odami, hizo la traducción de cada una de las mujeres que compartió su testimonio.
Según lo que narran, no ha llovido tan fuerte en estos días, pero adentro de sus refugios sí se escucha.
Las gotas pegan en el hule y retumban; antes, vivían en una casa de renta cerca de ahí; sin embargo, el propietario tenía problemas de adicción y terminó por ‘pedirles’ la casa.
Llevan tres semanas en este pedazo de tierra ejidal en la orilla de la ciudad. No llegaron buscando trabajo, llegaron huyendo.
«Llevábamos casi medio año escuchando los balazos a diario; teníamos miedo y ya no queríamos ver cómo se enfrentaban”, señalaron.
Allá, en su comunidad en la sierra, aseguran que vieron a los malandros, se escondieron, corrieron hasta Santo Domingo y ahí tomaron la decisión: ya no regresar; sus casas quedaron abandonadas y la violencia no ha cesado.
«Todavía se escuchan los balazos. Cuando estábamos allá, entre ellos mismos se mataban», dijo una de las mujeres.
En el lugar hay puras féminas, porque los grupos delictivos mandan a los hombres a otro lado; “no pueden desplazarse hacia el mismo lugar”.
Se quedaron solas con hijos e hijas, trabajan como jornaleras cerca de ahí y el sueldo que reciben es de mil 500 a mil 800 pesos; su jornada comienza a las seis de la mañana y su despertador es la luz del día que se filtra por el hule.
Con lo que reciben tienen que comprar agua, comida, jabón, pañales y artículos de limpieza.
«Lo que más nos ha costado en la ciudad es la vivienda, el agua, la luz, la comida y el ambiente», repiten.
Tres de las niñas más pequeñas nacieron aquí, en el desplazamiento; no conocen la sierra y no tuvieron la oportunidad de crecer en medio de los árboles, los animales y el aire fresco.
En Plomosas no hay escuela debido a la violencia y en ‘el campamento’, todos los menores de edad van a una primaria que pertenece al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), que está a unos 300 metros.
Sin embargo, su educación está limitada, ya que no tienen un salón especial y comparten con otros niños mestizos, con otra maestra y estudian en el suelo.
Sofía, de 11 años, soñaba con ir a la escuela; pero hasta el momento, no ha podido entrar por falta de papelería y problemas con el Registro Civil, pues le pide que viaje hasta Guadalupe y Calvo, lo cual es imposible para ella.
Las adultas no saben leer ni escribir; su vestimenta la hacen ellas mismas y de las cosas tradicionales que más extrañan es no poder hacer tesgüino, el fermento de maíz que hacen con molino y que tomaban en las fiestas de la comunidad.
Una de ellas tiene 25 años, es joven y extraña mucho su tierra; de repente llora -no dice mucho- sólo que extraña como era la vida y que aquí es muy complicado.
Además, enfermarse es un enorme riesgo, pues no tienen servicio médico ni medicamentos y debido a las condiciones en las que viven, es muy frecuente que sufran de dolor de estómago y de cabeza por la insolación.
Este no es un caso aislado. En los últimos tres años, organizaciones y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) han documentado el desplazamiento forzado de familias rarámuri y odami de municipios de la Sierra Tarahumara como Guadalupe y Calvo, Guachochi y Guazapares por la disputa de grupos criminales.
Huyen de la violencia y llegan a la ciudad a otra violencia más callada: la de no tener donde dormir, bañarse, conectarse a la luz, no hay atención a la salud y tampoco acompañamiento psicoemocional.
INSTALAN CENTRO DE ACOPIO
Ante la precariedad, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) instaló un centro de acopio para apoyar a estas personas de origen tepehuano y sus instalaciones serán utilizadas como punto de recolección de ayuda humanitaria urgente.
¿QUÉ SE NECESITA?
La organización detalló una lista de artículos prioritarios divididos por necesidad.
Cuidado infantil: Pañales desechables Etapa 4 (9 a 14 kg), aceite y talco para bebé.
Abrigo y descanso: cobijas para el frío nocturno y colchonetas para no dormir en el suelo, considerado lo más urgente.
Alimentación no perecedera: avena, Maseca, harina de trigo, sal, aceite comestible y leche en polvo.
Utensilios de cocina: ollas, sartenes, vasos, platos y cucharas o cubiertos en general para la cocina comunitaria de leña.
Higiene personal y limpieza: repelente para mosquitos, jabón para ropa, para trastes y de baño, champú, cloro, Pinol, papel higiénico, toallas sanitarias, cepillo y pasta dental y cepillos para peinar.
Además, solicitaron artículos extras que mejorarían significativamente sus condiciones: agua potable o garrafones, ropa y calzado (principalmente calcetines y ropa de cambio para niños), botiquín básico con paracetamol, suero oral y antidiarreicos, linternas con pilas, bolsas de basura y escobas.
De manera especial, las mujeres pidieron un molino de nixtamal, maíz en grano, parrilla de gas funcional con tanques pequeños (marranitas), pallets de madera para reforzar paredes y aislar del suelo, y telas floreadas para que las mujeres puedan elaborar sus vestidos tradicionales.
En caso de querer apoyar puede acudir a la calle Juárez y Pacheco (esquina) en un horario de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
DESPLAZAMIENTO FORZADO TIENE MÁS DE UNA DÉCADA
El desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua comenzó desde hace más de una década. En 2008 registraron los primeros casos en la región de Baborigame.
Luego comenzó el asedio, amenaza y asesinato a defensores de la tierra, territorio y medio ambiente, desplazando a sus familias e incluso a otras personas de sus comunidades.
Las víctimas han narrado que siguen siendo criminalizadas por un sistema gubernamental y judicial que no toma en cuenta su contexto ni su historia y termina revictimizándolas, aun cuando está obligado a protegerlas y que además, lejos de cumplir con su deber constitucional de proteger a la población chihuahuense, los gobiernos municipal, estatal y federal han mantenido un quiebre político, vulnerando aún más a las comunidades indígenas.
Los organismos nacionales, internacionales y locales, han sido enfáticos en que el Estado Mexicano en todos sus niveles ha negado mediáticamente la existencia de esta problemática en Chihuahua, con la esperanza de que desestimando los eventos, criminalizando a las comunidades y difamando a las personas y organizaciones defensoras el tema quede en el olvido, “al igual que las personas, familias y comunidades que no han atendido”.
