Hasta dos años para cirugías en el ISSSTE
De 76 mil votos, la diferencia Jáuregui-Santiago
Congela cuentas la UIF a turisteros
“Va a estar canijo, le mataron al sobrino…”, así es la previsión que al interior de las corporaciones de seguridad circula sobre las expectativas de lo que sigue para San Juanito, Bocoyna y sus alrededores, tras la muerte en enfrentamiento de Iván Manjarrez, alias “El Roy” o “El H19”, que había tomado a aquella población como patio de su casa con desparpajo aterrador.
El parentesco familiar del caído con el jefe del clan, César Daniel Manjarrez Alonso, “El H2”, cabeza de La Línea-Nuevo Cártel de Juárez en la región, podría anticipar movimientos de venganza en lo que se da el necesario reacomodo del grupo criminal.
Por eso los focos rojos entre mandos y agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía del Estado y de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad, las dos instancias que intervinieron, porque el Ejército y la Guardia Nacional brillaron por su ausencia, convenientemente.
También el peso y relevancia del abatido son parte del análisis de riesgos: desde 2021, “El Roy” era descrito como relevo “formal” de Juan Homero Manjarrez Alonso, “El H7”, quien había sido detenido; para 2022 era ubicado en San Juanito y a partir de entonces consolidó su dominio en esa plaza, reportándole a su tío.
Es decir, su muerte en el enfrentamiento del sábado no elimina a un personaje recién llegado, sino que pone fin a varios años de presencia de un mismo operador en uno de los territorios más delicados de la Sierra Tarahumara.
Sin embargo, hay también una realidad inocultable en su caída. “El H19”, más bien “Los H” en general, impusieron un imperio del terror desde hace alrededor de una década, en el que igual metieron extorsiones, secuestros, derecho de piso por traslado de ganado y control en la venta de drogas y cerveza, hasta la tala indiscriminada del bosque.
Las cuotas a los dueños de negocios y la acelerada deforestación, con presencia del grupo en toda la cadena de valor de la madera -desde la extracción hasta la comercialización, pasando por aserraderos y transportistas- asfixiaron el incipiente desarrollo económico y social de la región.
Es decir, “El Roy” era insostenible para San Juanito, como “Los H” se han vuelto para municipios en los alrededores de Bocoyna, como Uruachi, Guerrero y otros, desde donde han lanzado incluso intentonas de respaldo a La Línea en territorios tan lejanos como Guadalupe y Calvo.
Así, tanto es posible la reacción virulenta de los Manjarrez en sus zonas de dominio, como un repliegue del grupo en la obligada reconfiguración recetada por los agentes de la Policía Ministerial que fueron hasta las últimas consecuencias para detener a “El Roy”.
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Como ya es ampliamente conocido tanto por el personal como por los derechohabientes del Hospital General Lázaro Cárdenas del ISSSTE en Chihuahua, existe un grave rezago en la atención quirúrgica de diversas especialidades, particularmente en Ortopedia, Cardiología y Oncología Quirúrgica.
La situación ha llegado a tal grado que los tiempos de espera para una cirugía pueden ser de dos años o incluso más, mientras los pacientes continúan con sus padecimientos agravándose.
Ante esta desesperante situación, muchos pacientes y sus familiares se han visto obligados a buscar médicos externos de diferentes especialidades para poder ser intervenidos dentro del propio nosocomio. Según las quejas que empiezan a circular, estos procedimientos se han permitido mediante la firma de las correspondientes cartas responsivas, con las cuales se deslinda a las autoridades de posibles complicaciones médicas.
Algunas interrogantes mantienen sin dormir a los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, maestros del subsistema federal y empleados públicos de todas las dependencias federales.
¿Por qué un derechohabiente tiene que esperar años para una cirugía? ¿Por qué algunos pacientes tienen que buscar por su cuenta a un médico externo para poder ser atendidos? ¿Por qué existen señalamientos de que algunos médicos que laboran en el hospital realizan procedimientos particulares dentro de las instalaciones, fuera de su horario laboral o durante horarios nocturnos y fines de semana?
Y, principalmente: ¿existen acuerdos económicos para adelantar determinadas cirugías? Porque esto es lo más nuevo entre esas quejas que tienen complicándose los últimos años.
Los quejosos por el servicio del ISSSTE pretenden, de no tener respuestas concretas de la 4T, exhibir a los funcionarios y médicos que podrían estar detrás de estas escandalosas muestras de desatención.
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El estudio de la encuestadora de Lorena Becerra sobre la contienda electoral por la capital pone al exfiscal estatal, César Jáuregui, como la pieza que le puede dar mayores garantías al PAN de quedarse con la alcaldía de Chihuahua, dándole 14 puntos sobre la eventual candidatura morenista de Brenda Ríos, la más posicionada en la otra esquina.
La encuesta hace ruido porque no es de las que funcionen como mera propaganda, como otras tantas. Becerra Mizuno y Asociados tiene buen nivel en cuanto a credibilidad y metodología.
Sus resultados muestran que Jáuregui, en su límite superior, alcanzaría hasta el 51 por ciento de los votos y un 41 por ciento en su límite inferior; mientras que la morenista estaría con un piso de 25 por ciento y un techo de 34 por ciento.
En tanto, el otro aspirante a la candidatura panista, Santiago de la Peña, alcanzaría un máximo de 45 por ciento y un mínimo de 36 por ciento, mientras que en ese escenario, la morenista Ríos tendía un límite inferior del 30 por ciento y un superior de 39 por ciento, lo que rebasaría el umbral bajo del secretario de Gobierno y pondría en riesgo la garantía que el PAN cree tener en Chihuahua.
En números gruesos y un escenario medio, pues, Jáuregui Moreno alcanzaría unos 213 mil votos en la capital, contra unos 136 mil de Brenda Ríos, si ella es la candidata de Morena y la 4T, como señalan las encuestas.
En cambio, De la Peña podría rozar los 187 mil votos a favor, dándole a la morenista margen para crecer hasta cerca de 160 mil votos.
Así, a estas alturas, optar por Jáuregui sería apostarle a tener una diferencia de 76 mil votos sobre la morenista; y hacerlo por De la Peña reduciría la ganancia de sufragios a poco más de 27 mil. Esa es la foto de este momento, según los expertos en los números electorales.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que recibió un espaldarazo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una resolución del pasado seis de abril de 2026, al parecer ya empieza a operar y generar perjuicios aquí.
Recordemos que el Máximo Tribunal validó por mayoría la constitucionalidad del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, determinando que la UIF puede bloquear activos, sin requerir autorización de un juez ni una solicitud formal de gobiernos extranjeros, dejando atrás un criterio jurisprudencial vigente desde 2018.
Con esta patente de corso, la UIF estaría bloqueando cuentas bancarias de diversos operadores turísticos por sospechas de manejo irregular de divisas, por lo que las agencias quedaron imposibilitadas para cubrir compromisos como hospedaje y vuelos nacionales o internacionales de sus clientes.
La parálisis habría provocado el surgimiento de las primeras demandas por el delito de fraude presentadas ante la Fiscalía por parte de clientes inconformes que no recibieron los servicios contratados, que no saben qué creer ante las excusas por el incumplimiento.
Si bien la reforma prevé una garantía de audiencia ante la UIF, para la cual se dispone de cinco días hábiles para solicitarla y diez días hábiles para aportar pruebas de licitud, la resolución y desbloqueo de las cuentas puede prolongarse de manera indeterminada, con graves perjuicios para clientes y empresas, y todo por una simple sospecha no comprobada.
