Chihuahua, Chih.- El desplazamiento forzado interno en Chihuahua se triplicó de 2021 a 2025, de acuerdo con el “Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026”; junto con Michoacán y Sinaloa, Chihuahua figura ente las entidades con mayor presencia del fenómeno, siento el epicentro estatal Guadalupe y Calvo.
De acuerdo con la exposición realizada de manera simultánea en Ciudad de México y Chihuahua, el informe indica que en particular en Guadalupe y Calvo los vínculos de cacicazgos que compran concesiones mineras y establecen lazos con el crimen organizado, en colusión con autoridades municipales, estatales y federales provocan el desplazamiento de pobladores que llegan a Parral y permanecen sin condiciones suficientes de refugio.
La tendencia es creciente y tan sólo en 2025 las organizaciones registraron al menos cuatro mil 492 personas desplazadas, dentro de las cuales mil 335 salieron sólo de Guadalupe y Calvo; mientras que datos reportados en julio de 2026, la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno reportó al menos cinco mil “atenciones”.
Comunidades de Guadalupe y Calvo como Atascaderos, Baborigame, Coloradas de la Virgen y La Sierrita padecen especial vulnerabilidad, al igual que regiones como Tamazula, Durango y San Miguel, en Sinaloa, cuyas víctimas migran en su mayoría a Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua, Delicias y otras ciudades de diferentes ciudades como Tijuana.
El informe nacional concentró la prioridad en Chihuahua, pues el problema del desplazamiento forzado interno golpea también a pobladores de puntos como El Manzano, en el municipio de Uruachi, y Monterde, en Guazapares
Mediante la utilización de drones, el cuerpo de observadores detectó que los victimarios recurren a la táctica de “tierra quemada”, incendiando casas, matando ganado, asesinando liderazgos y generando el temor que provoca el abandono de hogares en zonas rurales donde la economía criminal explota la madera, los recursos mineros, extorsión en diferentes modalidades y venta de alcohol y drogas.
Saulo Loya, activista coordinador de incidencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero, indicó que en Chihuahua las autoridades estatales y federales adjudican el uno al otro la responsabilidad de atención a la situación del desplazamiento forzado en Chihuahua, pero ninguna actúa con acciones reales para resolver el problema y garantizar el seguro retorno de las familias a sus hogares.
En el informe participaron las organizaciones: El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Alianza Sierra Madre, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC (Cosyddhac), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), PBI México, RED TDT, así como colaboraciones de instituciones académicas y grupos de la sociedad civil de diferentes estados.
Antonio Alejandro Sánchez, de Cedehm, y Judith González, de Alianza Sierra Madre, destacaron que en la actualidad el retorno seguro de las familias resulta imposible, mientras que a nivel nacional no existe una tipificación del delito de desplazamiento y en el estado, la legislación revictimiza y limita a las víctimas.
