*La oficina del «arrégleselas»
*Del polvo al pavimento
*El magisterio mueve ficha
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La coordinadora de Medio Ambiente y Protección Animal, Rocío Reza Gallegos simplemente no ha podido integrar un equipo eficientes, capaz y con la sensibilidad real para abordar los temas que refieren a los animales.
Hay un sinfín de quejas en contra de quienes atienden a los ciudadanos en esa coordinación, evadiendo en todo momento su responsabilidad e intentando obligar al ciudadano a que resuelva las problemáticas por su cuenta.
Una de las quejas, con evidencia mediante una llamada grabada, deja ver cómo es que una servidora pública, se niega a enviar una cuadrilla a recoger unos perros callejeros que causan molestia a los vecinos, por el contrario, la señorita le dice al ciudadano que es culpa de los vecinos por haberles dado de comer.
Aunque se le explicó a detalle de que se les dio de comer por un acto de sensibilidad, existe la necesidad de que Protección Animal pase a recogerlos, pero la funcionaria reiteró que no, que si los vecinos ya les habían dado comida, entonces ahora era responsabilidad de ellos. Así las cosas con esa coordinación que ha tenido más quejas que aciertos.
Cuando una oficina deja de resolver problemas y empieza a repartir culpas, el problema ya no está en la calle… está detrás del escritorio.
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Cuatro meses han bastado para que el Consejo de Urbanización Municipal (CUM) empiece a marcar una diferencia que durante la pasada administración simplemente no existió. Mientras el anterior director, Óscar Derma, dejó una estela de promesas incumplidas —al grado de que vecinos todavía conservan documentos firmados por él donde se comprometía a pavimentar calles entre enero y febrero, obras que nunca llegaron—, la nueva administración encabezada por Ricardo Santana presume ya 15 obras en marcha, superando las 12 que se realizaron durante todo el año pasado y que, además, fueron objeto de constantes críticas por su calidad.
La comparación resulta inevitable: unos prometían; otros comenzaron a ejecutar.
El cambio no solo se refleja en las calles. Al interior del CUM también hubo un golpe de timón. Personal acostumbrado a entrar media hora, una hora o más tarde tuvo que ajustarse a los horarios establecidos. La disciplina administrativa parece haber regresado a una dependencia donde, según comentan trabajadores y ciudadanos, el ejemplo desde la dirección brillaba por su ausencia, pues si es que llegaba, llegaba a las 11 frescas de la mañana.
Hoy, además de acelerar proyectos rezagados, Santana ha optado por mantener contacto directo con los vecinos, atendiendo personalmente llamadas para informar el avance de las pavimentaciones y dar seguimiento a los compromisos adquiridos. Esa cercanía, en política y en gobierno, suele valer más que un discurso.
Falta mucho por hacer y nadie puede cantar victoria antes de tiempo, pero los primeros resultados comienzan a cambiar la percepción de una dependencia que llevaba tiempo acumulando reclamos. La diferencia entre una oficina que promete y otra que resuelve siempre termina viéndose en el pavimento… y también en las urnas.
Las promesas se las lleva el polvo; el pavimento, en cambio, se queda para que todos lo pisen.
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Lo que hace apenas unas semanas parecía un movimiento gremial más, hoy comienza a tomar forma política. Este jueves, Vocación Protegida entregará al Congreso del Estado miles de firmas recabadas en distintos municipios de Chihuahua para respaldar una iniciativa que busca fortalecer la protección de los trabajadores de la educación frente a denuncias falsas o calumnias que, en diversos casos, han derivado en suspensiones laborales, despidos y largos procesos administrativos o penales antes de que exista una resolución definitiva.
La propuesta es impulsada por el diputado local Pedro Torres y ha encontrado eco entre una parte importante del magisterio. Detrás de esa movilización también aparece la operación política de Edgar Ramos y de un grupo de docentes que desde hace varios años mantiene presencia en la Sección 42 del SNTE y que hoy apoyan a Edgar.
Ramos ha conservado influencia dentro del gremio desde su participación en la contienda sindical y hoy vuelve a colocar a los maestros en el centro del debate público, articulando una estructura regional que logró reunir apoyos en prácticamente todo el estado. La respuesta del magisterio ha sido amplia porque el tema toca una preocupación compartida: la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso sin que una acusación, por sí sola, signifique el fin de una carrera profesional.
Ahora la presión cambia de escenario. Las firmas dejarán de ser un mensaje de inconformidad para convertirse en un expediente legislativo que obligará a los diputados a definirse. Nadie quiere aparecer del lado de las denuncias falsas, pero tampoco de la impunidad. Ahí estará el verdadero reto del Congreso: encontrar un equilibrio entre proteger a las víctimas y garantizar los derechos de los docentes.
Porque cuando miles de firmas llegan al Poder Legislativo, ya no hablan los discursos; empiezan a hablar los votos.